En 2007, la Legislatura porteña sancionó la ley 2.340 que permitía a las inmobiliarias cobrar a los inquilinos, en concepto de comisión, un mes de alquiler cuando se firmaba el contrato. En 2017, tras presentaciones judiciales y reclamos de organizaciones de inquilinos, la Legislatura modificó la norma y, con la Ley 5.859, prohibió el cobro de comisión a quien paga el alquiler.
Entonces, los corredores inmobiliarios de CUCICBA iniciaron el camino judicial para solicitar la inconstitucionalidad de la ley que impide el cobro de comisión a los inquilinos, ya que la norma los considera el eslabón más vulnerable.
“También los corredores cobraban un porcentaje mensual por la administración del alquiler”-afirma Muñoz-. “Y los propietarios ya no quieren pagarlo si les cobran cuando se firma el contrato”. Muñoz también confirma que “incluso cuando la norma determinaba que solo podían cobrar el equivalente a un mes, las inmobiliarias imponían una comisión que era el doble. Los inquilinos denunciamos esto y la respuesta del CUCICBA fue arancelar la denuncia para desestimular a las personas que informaban el incumplimiento”.
En tal sentido, semanas atrás el Tribunal Superior de la Ciudad consideró que la ley 5.859 es constitucional. Ese reclamo ahora pretende llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras, la incertidumbre y la intemperie agrega una cuota más de dramatismo a la ya de por sí compleja situación que padecen los inquilinos.
El referente nacional asegura que a los corredores inmobiliarios “les resulta más fácil imponer una comisión a los inquilinos que a los propietarios. Quien busca una vivienda está obligado a caer en una inmobiliaria” y someterse a las arbitrariedades y cobro de comisiones. Esto refleja una preocupante realidad donde “un dueño tiene una posición de mucha mayor fortaleza para negociar”.
