Cuatro personas murieron durante un incendio en un centro de rehabilitación de adicciones en la ciudad bonaerense de Pilar, un lugar “no habilitado” y con condiciones de vida que constituyen “graves violaciones a los derechos humanos”, informó la Comisión Provincial de la Memoria (CPM).
El hecho, que trascendió hoy, ocurrió el lunes en Resiliencia San Fernando, ubicado en la calle Paunero 2880 en la localidad de La Lonja, cuando una de las víctimas habría iniciado el fuego de manera intencional, lo que es motivo de investigación.
De acuerdo a la CPM los cuatros fallecidos -todos mayores de edad- y los sobrevivientes “estaban sobremedicados con un coctel de psicofármacos que pudo dificultar la respuesta”, mientras que “todas las ventanas tenían rejas, no había ningún matafuego en el edifico ni existía plan de contingencia ni salidas de emergencias”.
La CPM, que se presentó como particular damnificado institucional en la causa penal que investiga el fiscal Germán Camafreita, aseguró que al momento del incendio había 26 personas internadas con problemas de adicción.
Esas personas estaban alojadas “en condiciones de aislamiento extremo, hacinamiento y sobremedicados con un mismo coctel de psicofármacos, padeciendo graves violaciones de derechos humanos”.
Indicó además que el lugar “no contaba con habilitación para el tratamiento de la salud mental” y que el incendio en una de las habitaciones “desencadenó la masacre: cuatro usuarios de entre 25 y 40 años fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono”.
Según los testimonios recabados por la CPM, el incendio aparentemente comenzó cuando una persona, descompensada por las graves condiciones de internación, prendió un colchón de la habitación que comenzó a despedir el humo tóxico.
Y sobremedicados por el coctel y cantidades de psicofármacos que les suministraban, las personas “no pudieron reaccionar ante el siniestro”.
Al momento del incendio, en la comunidad había un solo operador a cargo del cuidado de los 26 personas, no había matafuegos, los colchones no eran ignífugos y todas las ventanas de las habitaciones tenían rejas, impidiendo las tareas de rescate, detalló la CPM.
Un total de 18 personas estaban alojados en tres habitaciones, y los seis restantes en camas o colchones tirados en el suelo del living.
“Además del hacinamiento y sobremedicación, la mayoría de las personas permanecían recluidas más de 23 horas en las habitaciones, saliendo algunos minutos para el almuerzo y cena, y una vez por semana al patio sólo aquellos que no se quejaban de las graves condiciones de internación”, indicó la CPM.
Indicaron que los tratamientos eran nulos, un psiquiatra y una psicóloga los visitaba una vez por mes y “ambos profesionales convalidaban las graves condiciones de internación, en particular la reclusión en habitación de aislamiento”.
La CPM, tras los hechos y tomando en cuenta denuncias previas de la Comisión Municipal contra la Violencia Institucional de Ramallo, presentaron un habeas corpus colectivo a favor de las personas internadas y habeas corpus individuales y pedidos de arrestos domiciliarios de los jóvenes afectados detenidos por orden judicial.
En la presentación, la CPM solicitó que se dispongan medidas de protección efectivas para garantizar el cese del agravamiento de las condiciones de alojamiento de las personas.
También se pidió que den intervención al Órgano de Revisión Local de la Ley 26.657 y a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Personas Privadas de la Libertad de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
