“Esperamos que la Justicia falle antes de la audiencia y esté a la altura de las circunstancias, ya que necesitamos que atienda nuestro reclamo a favor de los bonaerenses que vienen sufriendo desde hace tiempo subas en todos los servicios”, expresó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
La acción de amparo del organismo recayó en el juzgado de Garantías 2 de La Plata, a cargo de Jorge Moya Panisello, y apunta a que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos deje sin efecto la convocatoria prevista para el 2 de febrero en el Colegio de Abogados de La Plata.
“Consideramos que la Provincia prevé un aumento ilegal, ya que no informó en detalle sobre la suba, no realizó un análisis técnico y económico previo respecto de los argumentos que sustentan el pedido del aumento, y que el Ocaba, organismo de control que convocó la audiencia y que tenía representación de los usuarios entre su directorio, fue disuelto y reemplazado por la Autoridad del Agua (ADA), que en su estructura no tiene este tipo de participación”, explicó Lorenzino.
En esa línea, el Defensor del Pueblo consideró que “estamos ante un aumento de la tarifa del orden del 40% que es totalmente irracional y arbitrario, y que podría ser mayor si tenemos en cuenta el revalúo inmobiliario. Además, no se condice con el deficiente servicio que presta Absa en distintos puntos de la Provincia, donde se observan desde falta de obras hasta la presencia de arsénico o nitratos en el agua”.
