El organismo que conduce Guido Lorenzino analizó los datos sobre esta problemática que afecta a la orovincia y exigió la implementación de la ESI
La Defensoría del Pueblo bonaerense llevó adelante un informe sobre las últimas variaciones de la tasa de natalidad infantil y materna registrada por el Estado nacional, y determinó que en la Provincia a mayor escolarización disminuye la cantidad de embarazos adolescentes.
Puntualmente, al analizar datos oficiales de la Dirección de Estadística e Información de Salud de la Nación, el organismo que conduce Guido Lorenzino llegó a la conclusión de que, en territorio bonaerense, el 25% de quienes fueron madres y no finalizaron el Polimodal tienen menos de veinte años, mientras que ese porcentaje se reduce al 5% cuando se analiza a las madres jóvenes que dieron a luz y cuentan con el secundario completo.
“Este escenario revela que la educación es una de las principales herramientas para hacer frente al embarazo adolescente. Nuestra postura es que el Estado debe poner en marcha todos los mecanismos necesarios para garantizar la educación sexual y salud reproductiva”, sostuvo Lorenzino.
El informe, elaborado por el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del organismo, a cargo del Defensor del Pueblo Adjunto Walter Martello, mostró que este panorama es más complejo a nivel nacional, con un 29% de las madres menores de veinte años no terminaron el secundario, contra 4,5% que sí lo hicieron.
A su vez, el estudio reveló que, además de la provincia de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense, también existe un aumento de la cantidad de niñas menores de 15 años que dan a luz en Corrientes, La Rioja, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
En tanto, se observó que en el país nacen 16 niños por día cuyas madres son menores de 15 años, lo que significa que cada tres horas se produce un nacimiento con estas características. En el caso de la Provincia, nacen dos niños cuya madre tiene menos de dos años.
“Una medida indispensable para revertir esta tendencia es que la Ley de Educación sexual (ESI) se aplique en todo el sistema educativo, tanto en las escuelas de gestión pública como en los colegios privados”, indicó Lorenzino.
En esa línea, Martello pidió que “los distintos estamentos del Estado cumplan con las recomendaciones que en 2018 realizaron el Comité del Niño y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas para que se cumpla en la Argentina la aplicación de distintas políticas educacionales y sanitarias relacionadas a la reproducción”.
De acuerdo con los planteos de organismos nacionales e internacionales que trabajan sobre la niñez, la Defensoría se mostró preocupada por el alto abandono escolar, el acceso a la educación de personas con discapacidad y la cobertura educativa según las disparidades regionales o económicas.
Además, reclamó que se eliminen los obstáculos que enfrentan los adolescentes a la hora de acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, un fuerte trabajo en relación al elevado número de embarazos entre las adolescentes y el alto riesgo de mortalidad materna entre estas madres, y que haya mayor concientización y acciones respecto al acceso de métodos anticonceptivos modernos y de planificación familiar.
