Los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen un bajo nivel de cumplimiento de los requisitos de información fiscal y presupuestaria más allá de su pertenencia política, ya que solamente 2 de los 135 mostraron un desempeño alto, de acuerdo con la investigación llevada a cabo por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
“Más del 80% de los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen un índice de transparencia bajo, regular o nulo, lo cual demarca el intenso trabajo a realizar para cumplir con las normativas vigentes de responsabilidad fiscal y para concientizar acerca de la importancia de publicar, acercando la información sobre las finanzas públicas al ciudadano”, señaló la entidad como principal conclusión del estudio.
La información cobra especial relevancia en momentos en que desde diferentes ámbitos se plantea la necesidad de abordar una reforma impositiva que incluya no solo a la Nación y las provincias sino también a los municipios, con tasas y contribuciones que en muchos casos son considerados “abusivos” por empresarios, economistas, tributaristas y contribuyentes en general.
El relevamiento fue realizado en la primera quincena de mayo por la Dirección de Análisis Fiscal y de Estudios Municipales de la filial bonaerense, dirigida por alguien que conoce el tema al detalle desde la función pública: el ex ministro de Economía de la Nación y de la provincia, Jorge Remes Lenicov.
De los 135 municipios ninguno cumple con la totalidad de los requisitos, pero al menos Bahía Blanca y General San Martín reportan un 80% de cumplimiento, según la evaluación de ASAP.
Esos partidos son administrados respectivamente por Héctor Gay (Cambiemos) y Gabriel Katopodis (Unidad Ciudadana).
La ley provincial 13.295, de enero de 2005 estableció la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la ley nacional N° 25.917 de Responsabilidad Fiscal.
El artículo 3° determina que dentro de los 30 días posteriores a que el Gobierno Provincial presente el marco macrofiscal para el ejercicio siguiente (resultado primario y financiero, proyección de recursos, etc.), los municipios deberán elevar sus proyectos de Presupuesto para el próximo ejercicio, junto con proyecciones de los Presupuestos Plurianuales para el trienio siguiente, en tanto en artículo 4° fija plazos de publicación de la información fiscal municipal.
Con el objeto de poder realizar una comparación entre las jurisdicciones municipales, la ASAP elaboró un índice de transparencia y cumplimiento que pondera los diferentes requerimientos establecidos.
Al respecto, clasificó a los municipios en una escala de 0 a 100 según su nivel de cumplimiento en la información fiscal y presupuestaria en cuatro grupos: los de “alto cumplimiento” (de 75 a 100), los de “cumplimiento medio” (de 40 a 75), los de “bajo o regular cumplimiento” (de 5 a 40) y los de “nulo cumplimiento (de 0 a 5).
ASAP destacó que “los municipios de General San Martín y Bahía Blanca son los que integran el primer grupo, presentando en líneas generales, la información que exigen las normas dentro de los plazos establecidos”.
Veinte partidos integran el grupo de cumplimiento medio con “un menor compromiso con la totalidad de las publicaciones y plazos requeridos por las normas vigentes, aunque en líneas generales presentan en Presupuesto 2019 y la Situación Económico Financiera al cierre del Ejercicio 2018”.
Esos municipios son Bragado, Moreno, Coronel Pringles, Avellaneda, Berazategui, Chivilcoy, La Matanza, Tandil, Berisso, Ayacucho, Exaltación de la Cruz, Olavarría, Bolívar, Baradero, General Belgrano, General Villegas, Carlos Tejedor, Saavedra, Junín y San Cayetano.
Los municipios de cumplimiento bajo o regular son el grupo más numeroso, con 66 casos que publican sólo su situación económica financiera con rezago de más de un trimestre, o bien el Presupuesto 2019. “Tienen en común la particularidad de un cumplimiento parcial de la normativa sin respetar los plazos establecidos”, indicó ASAP.
Por último, 47 municipios “a la fecha del relevamiento, se encuentran en situación de incumplimiento, no publicando vía web información económica financiera del ejercicio en curso y en ningún caso el presupuesto vigente”, remarcó la entidad.
