La medida tomada por el Gobierno y anunciada por el ministro nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, generó gran malestar y preocupación entre los inquilinos y las principales agrupaciones que los concentran.
Pablo García, fundador de Inquilinos de Pie, afirmó que “el Estado tiene que intervenir, no puede desentenderse de la realidad de 4,5 millones de argentinos. Nuestra situación es urgente y requiere soluciones urgentes”, argumentó. “Hablarle de créditos hipotecarios accesibles a personas que hoy ya están endeudadas, muchos con trabas por esta situación para acceder a cualquier tipo de créditos, es desconocer la realidad: un 49% de los inquilinos consultados adeudan meses de alquiler”, agregó.
El 31 de marzo termina la vigencia del decreto que establece el congelamiento de alquileres e impide desalojos. Ferraresi, indicó que la medida no será prorrogada y señaló que se hará uso de las herramientas generadas a partir de la nueva Ley de Alquileres.
En esa línea, el Gobierno sostiene que los inquilinos podrán deducir del Impuesto a las Ganancias el 40% de los alquileres que estén inscriptos, desde que está vigente el registro de contratos ante la AFIP, y, además, los propietarios que no cumplan con este requisito podrán ser multados, al tiempo que no podrán llevar adelante juicios de desalojo.
Según el índice de actualización de alquileres que establece la Ley, el gobierno cree, tal como dijo Ferraresi, que se van a “generar condiciones económicas para ver cómo se ajustan los alquileres”. En tal sentido, el Banco Central es el encargado “de fijar el índice que va a resguardar fundamentalmente que la evolución esté en línea con la posibilidad económica que tengan los inquilinos”.
Ferraresi señaló que “la solución es que la Argentina construya vivienda” y destacó que apuestan a que las “264.000 soluciones habitacionales previstas en el plan trienal 2021-2023 irán modificando el mercado de alquileres”.
El referente de Inquilinos de Pie sostiene que es el Estado quien “dispone de herramientas y resortes administrativos, legales y de política social para regular sin demoras, es su obligación generar subsidios para que los inquilinos podamos afrontar el pago de alquileres. Pueden entregar créditos blandos y articular acciones con la ANSES para que jubilados y pensionados puedan mantener sus alquileres sin comprometer sus necesidades básicas de alimentación o acceso a la salud”.
García también puso el foco en que la Ley de Alquileres, en el artículo 17 establece: “Créase el programa nacional de alquiler social destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal”.
La iniciativa contempla la creación de un Programa Nacional de Alquiler Social para facilitar el acceso al alquiler a personas en situación de violencia de género, jubilados, desempleados y personas en situación de vulnerabilidad. “Este punto de la ley determina la obligación estatal de apoyar a quienes tengan dificultades para cumplir con los requisitos de garantía, depósito y demás gastos necesarios para obtener una vivienda en alquiler para vivienda familiar única”.
