“Un usuario que consume hasta 300 kw/h tuvo que pagar desde febrero de 2016 hasta hoy un aumento del 1.500%, lo que representa una situación de clara pobreza energética, donde las familias tienen que postergar otros gastos para abonar los servicios, algo que impacta con mayor fuerza en los sectores más vulnerables”, explicó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
La denuncia fue presentada en el Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta que este organismo tiene la obligación, tal como lo marca la Constitución, de proteger los derechos de los consumidores, principalmente los de menos recursos.
“El gobierno nacional es responsable de que estemos ante una tarifa confiscatoria y casi imposible de pagar, y que le da la espalda al derecho constitucional que prevé la protección económica de los usuarios”, denunció Lorenzino.
En esa línea, indicó que “con la denuncia también queremos dejar en manifiesto lo que sucede con la tarifa social, que con todas las modificaciones que le aplicó el gobierno hace que hoy el 70% de los usuarios que deberían estar alcanzados por este beneficio no lo tengan”.
En su denuncia, la Defensoría reconoce que los aumentos no son razonables, progresivos ni proporcionales. Además, al observar que los consumidores no podrán abonar la tarifa, pone el acento en el impacto que esta situación tiene en la prestación de un servicio eficiente y de calidad que exige la Constitución.
