“Si bien la Provincia está adherida a esta norma, las prestatarias no la respetan. Sucede algo similar con la tarifa social, pareciera que a las empresas no les interesa difundir este derecho, por lo que le terminan dando la espalda a los electrodependientes”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
El reclamo del organismo se da luego de la resolución de un caso en Salto, donde gracias al trabajo en conjunto con la Asociación Argentina de Electrodependientes se logró que se le restablezca el servicio a una familia con un integrante que requiere del servicio sí o sí.
Puntualmente, las empresas y cooperativas no le deben cortar el suministro a los electrodependientes, pero los trámites para lograr este beneficio suelen ser muy engorrosos: deben bajar un formulario de página del Ministerio de Salud de la Nación, presentar certificado médico y una factura del servicio a nombre de la familia. Luego hay que llevar toda esa documentación a ese mismo organismo.
Sin embargo, pueden pasar varios meses para que los usuarios obtengan este certificado, por lo que la exigencia de la Defensoría está puesta en se agilice este proceso y que se habiliten más lugares para recibir la documentación.
Además, si bien la ley establece que las prestadoras deben contar una línea gratuita específica para atender estos casos puntuales, prácticamente no se cumple. “Desde la Defensoría llevamos adelante acciones administrativas y eventualmente haremos presentaciones judiciales para el cumplimiento pleno de la ley que protege a los electrodependientes”, precisó el secretario de Servicios Públicos de
