El titular del organismo, Guido Lorenzino, pidió que las instituciones públicas, las organizaciones civiles y los legisladores se comprometan a dar el debate. “Sabemos que en Argentina se hacen 400.000 abortos al año y que se cobra entre 10.000 a 17000 pesos por ello”, indicó y agregó que “el Estado debe garantizar la existencia de Consejerías para la reducción de riesgos, generando un espacio de contención y asesoramiento”.
La Defensoría también se sumó a la campaña desde su cuenta de twitter @defensoriaPBA para brindar información referida al aborto y la salud pública, las normas que establecen que las personas víctimas de violación tienen derecho a interrumpir legalmente un embarazo, sin necesidad de hacer una denuncia penal ( art. 86 del Código Penal).
“Los abortos clandestinos son la principal causa de muerte en personas gestantes. Esto afecta en mayor medida a quienes no tienen los medios económicos para interrumpir un embarazo en condiciones seguras”, expresó el Defensor.
Por último, concluyó que “el Estado debe comprometerse porque no solo es un problema de salud sino que muchos embarazos no deseados ocurren en contextos de violencia de género”.
