“Nos oponemos a este nuevo aumento por varias razones. Por un lado, la explicación que da ABSA es insuficiente y liga la suba, por ejemplo, al aumento de luz que también deben enfrentar los consumidores. Por otro lado, los usuarios en realidad deberán pagar un doble incremento, donde se suma lo que se informará en la audiencia más la que tendrán que abonar por el reciente revalúo fiscal aplicado por la Provincia”, sostuvo Lorenzino.
Otro de los cuestionamientos hechos a la audiencia programada para el 2 de febrero en La Plata tiene que ver con que la convocatoria fue realizada por el Organismo de Control de Aguas (OCABA), que fue disuelto a los días de este llamado por la nueva ley de Ministerios, por lo que la Autoridad del Agua (ADA) pasó a quedar como organismo de control.
“Esta movida también significa una quita de derechos para los consumidores, ya que el OCABA contaba en su directorio con representación de los usuarios, mientras que la ADA no, lo que de por sí vulnera lo estipulado por el artículo 42 de la Constitución Nacional”, explicó el Defensor del Pueblo.
Por otro lado, Lorenzino indicó que el incremento se produce en un momento en el que “el servicio que presta ABSA es deficiente en distintos puntos de la Provincia, donde no sólo presenta cortes y deficiencias en la infraestructura, sino también graves problemas con la potabilidad, ligado a la presencia de arsénico en el agua, nitratos, salinización, hasta la aparición de algas, que atentan directamente contra la salud de la población”.
“Son motivos de sobra para exigirle a la Provincia la suspensión de la audiencia pública, que además es meramente informativa y no permite ni siquiera el intercambio entre los participantes. Los usuarios no pueden seguir haciéndose cargo de la totalidad de los aumentos, cuando los servicios siguen siendo malos y, ahora, cada vez más caros”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
