Se dio a conocer una causa que comenzó en diciembre de 2019, en el cual la jueza Alicia Vence de la cámara federal de San Martín procesó al intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, por fraude a la administración pública y estafa a través del plan Progresar (Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos), para el cual realizó las inscripciones con ciertas irregularidades, durante el año 2015, cuando era jefe de la UDAI (Unidad de Atención Integral) del distrito.
En principio, con el cambio de gobierno de dicho año (2015), las nuevas autoridades encontraron irregularidades en la inscripción de 2.450 alumnos, y luego esa cifra se redujo a 814 casos, los cuales fueron cargados en la base de datos del ANSES. El fraude cometido no sólo apunta a Nardini, sino que incluye también a empleados de ANSES y otros colaboradores externos.
El procesamiento firmado por Vence detalla: “La maniobra expuesta por dicha agrupación coordinada, permitió que al menos 301 (trescientos una) personas percibieran indebidamente un beneficio que no estaba pensado para ellos, a raíz de no contar con las debidas constancias educativas que el plan ‘Progresar’ exigía ni tampoco con el legajo correspondiente que debía ser confeccionado a tal efecto”.
“Asimismo, en los 295 (doscientas noventa y cinco) casos restantes, si bien se logró verificar a través de las nominalizaciones que éstas personas se encontraban cursando bajo alguna modalidad educativa, lo cierto es que se estableció una intencional ausencia del legajo correspondiente, para impedir de esa forma, los debidos controles de cada caso”.
Y agrega: “En esa línea, fue el responsable de dar ingreso en esa dependencia a colaboradores externos de dicha repartición -específicamente militantes de su agrupación política, entre los que se encuentra G.I.O, B.A.V y P.M.M- quienes se ubicaron junto con empleados del organismo en el segundo piso de la sede de la UDAI. Nardini y sus consortes (N. de R: coimputados), conocían con precisión los datos necesarios para efectuar la carga del beneficio, a sabiendas que, con ello, el sistema central, de forma automática iba a otorgarlo y así percibirlo por el titular. Con tan sólo, asignar digitalmente, los datos del Archivo de Datos Personales (ADP) y el Código Único de Establecimiento (CUE), era suficiente para saltar el muro que imponía el sistema”.
Nardini negó haber efectuado estas maniobras en su declaración indagatoria y la jueza tildó su declaración como ‘endeble y absurda’. Vence aseguró que “quedó corroborado que Leonardo Nardini, en su calidad de Jefe de la Unidad de Atención Integral de Anses de Malvinas Argentinas, tenía a su cargo la administración de los beneficios sociales que aquél organismo dispone para los distintos ciudadanos”. Y además que “Nardini utilizó el plan Progresar con el objeto de procurar un beneficio indebido, quebrantando el deber de cuidado del patrimonio nacional. En consecuencia, dicho accionar ocasionó un perjuicio al Estado Nacional por la suma de $6.224.403”. Es así que decidió embargar a Nardini por $30 millones.