Se trataría de un “modelo armado” de desacreditación de la competencia, que busca acaparar el sistema de fotomultas en los distritos.
En los últimos días, se desarmó una operación mediática que tuvo como víctimas a empresas y empresarios del sector de fotomultas. Con acusaciones poco sólidas y argumentos inválidos, medios gráficos y televisivos replicaron una denuncia de presuntas incongruencias en la contratación del sistema de radares por parte del Municipio de Morón, bajo la gestión de Ramiro Tagliaferro.
En esta línea, se publicaron artículos denunciando esta supuesta estafa, mientras que en televisión se hicieron eco de los dichos erróneos, con presuntos documentos exclusivos que demostrarían cómo pudo lograrse de manera ilegítima la contratación del sistema vial por parte de los municipios.
Según el medio “Noticias D”, esta operación mediática apuntaría al empresario Leandro Camani como hacedor y ejecutor probable. Se trata del representante de la empresa Secutrans S.A., que, previo a esto, protagonizó diferentes denuncias públicas por estafas y hasta una causa penal por la muerte de dos chicas en un boliche de Palermo.
Es así como diferentes municipios del país se encuentran en alerta por los antecedentes conflictivos de la empresa vial y del propio Camani, ya que existiría un “modelo armado” de desacreditación de otras empresas viales por parte de Secuntrans, con el fin único de quedarse con el sistema de fotomultas en los distritos.
Los antecedentes de Camani
La sociedad que preside el empresario tiene malos antecedentes en materia de seguridad con distintos municipios bonaerenses. En Capitán Sarmiento, por ejemplo, participó de una licitación pública en la que, según sostienen las fuentes citadas por el medio Letra P, en la primera apertura Camani habría intentado cambiar la hoja de cotización tras ver que su competidor presentaba mejores precios.
Por otra parte, San Antonio de Areco rescindió su contrato a fines del 2018 por incumplimiento. Aseguran que el Municipio de Escobar también se encontraría en conflicto, respecto al convenio directo que poseen para la provisión de semáforos y equipos de control de violación de luz roja.
A los antecedentes de la sociedad que preside Camani, se suma el cobro de coimas de un boliche palermitano para la habilitación de un entrepiso, que al caer produjo la muerte de dos mujeres en 2010. En ese momento, según consigna el diario La Nación, el empresario era gestor de la Dirección de Habilitaciones y Permisos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este acontecimiento fue investigado por el juez de Instrucción Juan Ramos Padilla, quien obtuvo la grabación de una serie de conversaciones en donde el propio Camani se adjudicaba haber sido el artífice de la habilitación ilegal del boliche.
En 2011, Camani también habría estado involucrado en una red de “servicios” para dueños de boliches. La Justicia allanó su domicilio y se le concedió la eximición de prisión a cambio de una caución de 250 mil pesos sobre sus bienes, explica el diario Página 12.
Tres años después, de acuerdo al diario La Prensa, el empresario estuvo afectado a una investigación junto a su esposa Samanta Farjat por la supuesta utilización de automóviles de lujo “truchos”, y la habilitación irregular de locales nocturnos en la Ciudad de Buenos Aires.
