El procesamiento es sin prisión preventiva pero con la imposición de la prohibición de salida del país para el ex intendente, así como un embargo de 100 millones de pesos junto con la inhibición general de bienes en su contra.
Las sospechas tienen que ver con el convenio que la Municipalidad firmó en 2016 con el Ministerio del Interior para la construcción de viviendas y urbanización de zonas vulnerables, como ser el barrio Monterrey.
En ese sentido, el Estado Nacional transfirió poco más de 109 millones de pesos, pero luego sólo quedaron en la cuenta del Municipio unos 99 millones, sin explicación de qué sucedió con la diferencia de poco más de 9 millones de pesos.
Incluso, de los gastos de ejecución de 2018 se comprobó que se devengaron recursos por 87,4 millones de pesos, lo que da un saldo total sin explicar su destino de 12 millones de pesos.
Según la denuncia de Paula González, concejal de Pilar, también hubieron irregularidades en otros dos convenios, uno por los fondos para la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en el Barrio Peruzzotti de Pilar, y un tercero del 26 de julio de 2016 para realizar acciones en el marco del “Programa 69 -Acciones para el Desarrollo, Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica”, el cual tenía por objeto realizar mejoras en las condiciones edilicias de viviendas y facilitar el acceso a los servicios públicos de vecinos del Partido de Pilar.
Ducoté y varios ex funcionarios de la municipalidad de Pilar quedaron procesados por el delito de defraudación contra la administración pública, en tanto que el juez impuso falta de mérito para funcionarios nacionales.
“Nicolás José Ducoté, Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Sandra Sosa, Miguel Sergio Russo, Norberto Giulianelli, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede, actuaron en forma mancomunada, coordinada y funcionalmente, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada al primero de los nombrados, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”, sostuvo el juez.
“Cabe resaltar que se vislumbra que el dinero desembolsado por el Ministerio Nacional hacia el Municipio continuaba siendo parte del erario nacional, en tanto permanecía siendo monitoreado por el primero, y sobre todo, existía la posibilidad de que éste exigiera la devolución del mismo en caso de detectarse alguna anomalía”, dijo en su fallo al que accedió NA. NA.
